Pasaia Eusko Alkartasuna 

Eusko Alkartasuna de Gipuzkoa se opuso este viernes “con la máxima firmeza” al principio de acuerdo alcanzado en materia fiscal por PNV, PSE y Hamaikabat en la Diputación Foral porque, a su juicio, es “incomprensible” que, en un momento de “grave” crisis económica, esta institución vaya a suprimir el Impuesto de Patrimonio y esté dispuesta “a renunciar al ingreso de las decenas de millones de euros que aporta esa figura impositiva a las arcas forales”.

En un comunicado, EA aseguró que, con medidas “tan irresponsables” como ésta, la siguiente consecuencia será que, dentro de pocos meses, “la Diputación dirá a todos los guipuzcoanos que no hay dinero suficiente para soportar los niveles de calidad del Estado de Bienestar”. Leer más … »

La candidata de Eusko Alkartasuna al Congreso, Nekane Altzelai, ha exigido la transferencia de I+D+i, al mismo tiempo que ha denunciado las escasas inversiones que en este campo realiza el Gobierno del Estado español en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Altzelai ha declarado que “el crecimiento económico tiene dos retos fundamentales: ahondar en el bienestar de la ciudadanía y mejorar la competitividad de la economía y las empresas y la creación de empleo de calidad”.

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La cabeza de lista de EA al Congreso por Gipuzkoa, Nekane Alzelai, exigió ayer al Gobierno central «garantías jurídicas» para que el Concierto Económico «no dependa de la coyuntura política de cada momento», como a su entender ha ocurrido hasta ahora. En este sentido, solicitó que, «a través de un protocolo en el Tratado de Adhesión a la Unión Europea reconozca el carácter diferenciado» del sistema fiscal vasco.
Alzelai realizó estas declaraciones en San Sebastián durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el portavoz de la Ejecutiva de EA y europarlamentario, Mikel Irujo, y el diputado foral de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Pello González.

La cabeza de lista de EA al Congreso por Gipuzkoa afirmó que el Concierto Económico del País Vasco «no es un privilegio que ofrece la Administración del Estado español a las instituciones vascas», y criticó que desde su entrada en vigor en 1981 «se ha caracterizado por la discrepancia y la confrontación entre Administración central e instituciones vascas», con una negociación que «ha obedecido siempre a estrategias partidistas».

Por todo ello, consideró «necesarias nuevas recetas» que den «garantías jurídicas suficientes y precisas» para que el Concierto Económico «no dependa de la coyuntura política de cada momento». A su juicio, los gobiernos del Estado «no han querido entender, ni interiorizar la soberanía fiscal de las instituciones vascas» y por ello «hasta 1997 las instituciones vascas no recuperaron la capacidad legislativa» en impuestos «tan importantes como el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Juego». Alzelai criticó que el PSOE «no ha sido garante, ni es aval en la defensa» del Concierto, y así lo demuestra que en la negociación del Impuesto de Sociedades donde, denunció, su gestión ha estado caracterizada por la «confrontación».
Además, recordó que la «capacidad legislativa» recuperada por las instituciones vascas en el 97 tuvo lugar porque «el PP necesitaba de los votos del PNV para conseguir la mayoría absoluta en la investidura» de José María Aznar, y en 2001 «Aznar obsesionado con ir contra todo lo vasco», cuando finaliza la vigencia de la Ley del Concierto Económico, la «prolonga no acatando el carácter pactista que tiene el Concierto Económico».

Por su parte, el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, advirtió que existen «dos amenazas» para el Concierto Económico, el Estado español, que lo «conceptúa todavía como un privilegio, una visión totalmente perversa de esa realidad», puesto que es «fruto de un pacto», y la «idea armonizadora de Europa» donde «aparentemente la fiscalidad debe ser una» y «no pueden convivir realidades que no sean las estatales».

Además, calificó como «importantísima» la vista del día 28 ante el Tribunal de Luxemburgo, ya que se va a determinar «el abecé» de la capacidad de las tres diputaciones vascas y se comprometió a seguir trabajando para que el Concierto siga dando capacidad «normativa y de iniciativa fiscal para mantener el bienestar del que disfruta» el País Vasco, y para que «nadie ponga en tela de juicio el autogobierno» vasco.