Pasaia Eusko Alkartasuna 

La Conferencia Sindical Internacional acaba de celebrar una Jornada
Mundial de Acción por el Trabajo Digno para una Vida Digna “para
denunciar el actual modelo de globalización basado en el capitalismo
especulativo con consecuencias en el incremento de la pobreza,
quebranto de los derechos laborales, deterioro de los sistemas de
redistribución de la riqueza y reivindicar otro orden económico
internacional fundado en la justicia social y la economía social de
mercado, imprescindibles para afrontar con éxito los grandes retos de
la humanidad, desde el cambio climático a la satisfacción de las
necesidades más básicas”.

Se trata de una cita totalmente oportuna dadas las circunstancias de
crisis de la economía mundial y la situación de incertidumbre, con
recomendaciones y planes de rescate que en absoluto ponen en cuestión
el orden imperante, causante principal de la crisis. Como dice
Stiglitz (Nobel de Economía 2001), esta crisis es fruto de la falta de
honestidad de las instituciones financieras y de la incompetencia de
los gobiernos por no intervenir en el mercado, porque si bien la
situación se ha agravado con la crisis de los créditos subprime de
Estados Unidos, situaciones de quiebras de grandes bancos ya las
veníamos sufriendo antes, aunque ya nadie se acuerde y hayamos perdido
la cuenta de los grandes bancos, fondos de inversión o aseguradoras
que han quebrado y de la cifra de los rescates que están pagando los
bancos centrales y los gobiernos para salvarlos. Todo ello evidencia
que el modelo de globalización ya ha caducado, tal y como veníamos
denunciando quienes reivindicamos que otro mundo es posible aunque nos
llamen utópicos.

Estamos ante una crisis con consecuencias en la economía real, que
afecta al sector productivo y a los trabajadores y trabajadoras, que
sufren el incremento de sus deudas y la pérdida de poder adquisitivo,
con lo cual cada vez son más las familias con dificultades para llegar
a fin de mes. Y la recomendación general es la de apretarse el
cinturón, que se traduce en la contención del gasto público y la
moderación salarial, directrices que está siguiendo estrictamente el
Gobierno de Zapatero.

El presidente español se limita a anunciar alternativas económicas
puntuales basadas fundamentalmente en ayudas para los promotores de
viviendas y las PYMES y en la contención del gasto público. Nada de
invertir en infraestructuras, nada de potenciar otros sectores que no
sean la construcción. Sin embargo, en una economía basada sobre todo
en la construcción y el sector servicios, los sectores más vulnerables
ante la crisis, en esta coyuntura cabría esperar otras iniciativas que
reforzaran otros sectores económicos que aporten mayor valor añadido y
desde la izquierda cabría esperar una política presupuestaria
anticíclica.

En relación con la política de empleo Zapatero se acoge a la nueva
teoría de la flexiseguridad, es decir, flexibilidad para las empresas
y seguridad para el trabajador, lo que se concreta en una menor
regulación del mercado laboral, flexibilidad y pérdida de los derechos
laborales. Y se traduce en medidas tales como la jornada laboral de 60
horas semanales, aprobada por los ministros de trabajo de la Unión
Europea. Esta directriz no reconoce que las horas de la jornada es uno
de los factores fundamentales que establecen las condiciones laborales
y, por tanto, está sujeto a la negociación entre los agentes sociales,
y no a la negociación individual de cada trabajador con su empleador;
va en contra del derecho laboral ya consolidado, como es la jornada de
40 horas semanales, fijada como tope máximo por la OIT en 1917.

En este contexto los agentes sociales, la patronal y el Gobierno
español firmaron en julio la declaración para el impulso de la
economía, el empleo, la competitividad y el progreso que incluye la
hoja de ruta del diálogo social. Pasada la euforia de la firma del
documento, Solbes ya ha advertido de que en esta legislatura no se
cumplirá el compromiso de subir el SMI a 800 euros mensuales (de todas
formas seguiría siendo el más bajo de nuestro entorno europeo), lo que
supondría un incremento medio anual del 8,25%. Para el año 2009 sólo
está previsto un aumento de entre el 2% y el 3%, es decir, menos que
el IPC, con la correspondiente pérdida en poder adquisitivo. Mientras,
la subida de los precios afecta en mayor medida a las familias con
menos recursos, pero ya sabemos que la disminución de la demanda y la
pérdida del peso específico de los salarios en la economía están fuera
del análisis de Solbes.

Para el caso concreto de la disminución de la demanda no sirve que nos
recuerde la deducción de los 400 euros, porque ya se sabía que esta
medida no iba a incentivar el consumo de las familias, y en absoluto
es una medida progresiva puesto que los que más necesitarían ese
ingreso adicional no tienen acceso al mismo. Cabe recordarle a Solbes
que incluso la OCDE ha advertido ya de la bajada del sueldo medio. La
participación de los salarios en la renta estatal ha descendido del
49% de 1995 al 46,4% actual, y ello es debido a que se crean nuevos
puestos de trabajo a costa de rebajar los salarios, lo que ha dado
origen a una nueva clase social, los mileuristas, que tiene serias
dificultades para llegar a fin de mes. Y más grave todavía es que este
proceso se haya dado durante los años en los que las empresas del
IBEX35, las principales compañías del Estado, han obtenido pingües
beneficios. Este mismo año, en el primer semestre, sus beneficios han
crecido un 17% sin que esto haya tenido ninguna repercusión en el
reparto de la riqueza.

El Gabinete Zapatero también ha anunciado el incremento de las
pensiones en un 6%, pero es que son más de 4 millones los pensionistas
que cobran menos de 600 euros al mes, lo que en absoluto garantiza una
vida digna. Y si bien sus pensiones subirán más que el IPC, no debemos
olvidar que el IPC es la media de la subida de los precios de una
serie de productos. En este sentido cabe destacar que el aumento
interanual en el transporte está en un 8,6%; en la vivienda, en un
7,9%, y en los alimentos y bebidas no alcohólicas, en un 6,8%. Es
decir, precisamente los productos que más se han encarecido son los
que más consumen los pensionistas, de manera que subir las pensiones
en un 6% no va a compensar estas subidas de precios y, en
consecuencia, su poder adquisitivo se verá reducido.

Y es que, en definitiva, la crisis es más compleja que el
encarecimiento del petróleo y la inestabilidad de las bolsas y de la
banca internacional.

Nekane Altzelai
Parlamentaria y responsable de Asuntos Sociales de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna

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